Fumata Negra
Groucho Marx.
Como no podía ser de otra manera, la reciente
cumbre del clima en Glasgow ha sido calificada como nuestra “última
oportunidad” de evitar la “catástrofe climática” que se avecina,
antes de que sea imposible “salvar a la humanidad”.
Era esperable. Durante los últimos 50 años, se
ha repetido la misma cantinela en todos y cada uno de los diferentes encuentros
celebrados con un mismo objetivo: acaparar la atención gracias al advenimiento
de absurdos plazos artificiales. Sin embargo, el apocalíptico mensaje de “se
nos agota el tiempo” no solo es erróneo, sino que conduce al pánico y a
insensatas políticas irreflexivas.
Ni los 10 años de plazo que se anunciaron en la
primera cumbre de la ONU sobre el medioambiente en 1972, ni los “solo tres
años para ganar, o perder, la lucha climática” de 1982, ni la “devastación
planetaria tan irreversible como un holocausto nuclear” para el año 2000 de
los 90. No solo escapaban del manejo de datos fiables (las mediciones precisas
del clima comienzan a mediados del siglo XX), sino que eliminan de todas las
ecuaciones nuestro valor más importante como especie: el ingenio humano.
Los seres humanos no nos limitamos a consumir
recursos, sino que las mejores mentes se encargan, año a año, de hacerlos más
accesibles y eficientes. A pesar de todo, tras cincuenta años de fracasos y
falsos augurios, activistas, periodistas y políticos se han adherido con un
fervor renovado al pregón del apocalipsis inmediato. No es difícil comprender
por qué el pánico supone un terrible asesor político. Ante un problema real,
pero sobre el que desconocemos su intensidad, se necesita un enfoque
inteligente, centrado en la búsqueda de consensos, debates y soluciones
realistas, no en provocar miedo para introducir las viejas y fallidas recetas
socialistas.
Durante décadas, buena parte de los gobiernos
occidentales a diestra y siniestra convirtieron la política energética en un
apartado propagandístico más de la climática, obviando la seguridad del
suministro, los posibles costes para la población, los factores geopolíticos y
demás apartados que no encajaban correctamente con sus agendas ideológicas,
tensionando la cuerda hasta que el Covid-19 provocó la implosión del sistema.
El problema de la actual hoja de ruta de
energías renovables no es tanto la energía, como el ritmo al que se quieren
imponer. Como es lógico pensar, unas fuentes de energía deben de ser
sustituidas por otras en un proceso planificado que impida la escasez y que
asegure el suministro de forma constante y segura. Que ninguno de estos pasos
se siguiera explica bastante bien cómo el precio del MWh haya ascendido de los
poco más de 30 euros de 2019, a los casi 400 con los que se cerró el 2021.
A día de hoy, tecnológicamente, las energías
renovables son incapaces de cubrir toda la demanda de electricidad generada por
un país mediano como España, y no digamos ya la Unión Europea. No solo su
crecimiento es demasiado lento como para alcanzar el objetivo de 0 emisiones,
sino que, además, la solar y eólica, las más comunes y avanzadas, cuentan con
el gran problema de su intermitencia. Incluso en el país más soleado del mundo,
por la noche no sale el Sol.
Esta variabilidad obliga a que deban de ser
respaldadas en un mix energético. Y es que, aunque el coste de las baterías se
ha reducido drásticamente en la última década y pueden contener energía
sobrante durante algunas horas, todavía no existe la tecnología que permita
almacenarla de forma masiva y eficiente durante días o semanas, algo
imprescindible para gestionar las fluctuaciones estacionales, los picos de
demanda o las situaciones climáticas adversas que impidan su generación. A día
de hoy, no se espera que su capacidad de almacenamiento mundial supere los 130
GW hasta 2030, mientras que la demanda diaria actual, tan solo en España,
supera ampliamente los 700 GWh.
Llegar al 0 neto para 2050 es, como vemos, casi
imposible si se quiere mantener o incrementar, los niveles de consumo eléctrico
actuales. Y si para el año 2050 queremos que nuestra calidad de vida sea
superior al actual, no solo utilizaremos la energía de forma más eficiente,
sino que también deberemos consumirla en mucha más cantidad que ahora. No es
baladí que el volumen de energía que tiene disponible per cápita una
civilización sea un indicador fundamental de su prosperidad. Y este incremento
se da por descontado con la puesta en marcha de los profundos planes para
electrificar el parque móvil y los sistemas de calefacción. También con la
apuesta por el hidrógeno verde, que requiere de altas cantidades de
electricidad para su fabricación, para sectores especialmente difíciles de
electrificar (como el transporte marítimo, responsable del 80% del comercio
internacional).
Y así es como llegan los problemas. Con el
resto de fuentes vedadas del mix energético, la quema del gas natural se ha convertido
en la única plausible, dejándonos especialmente vulnerables a los cambios en su
precio y al capricho de nuestros vecinos.
En cuanto a lo económico, el Covid-19 acabó con
los últimos espejismos de bonanza. Con la cruzada impuesta contra el petróleo,
y toda la inversión huyendo de una tecnología con fecha de caducidad, las
reservas y las nuevas explotaciones de combustible disminuyen al mismo ritmo
que aumenta la demanda mundial, empujada por un occidente maniatado y un
continente asiático hambriento de energía, acercándonos cada vez más hacia la
temida escasez y el alza constante en el precio.
No favorece tampoco el sistema marginalista
imperante en Europa, donde el coste de toda la generación eléctrica se
retribuye al precio de la más cara. En esto tiene buena culpa la Unión Europea
que, durante la liberalización del comercio de energía, alentó a los Estados
miembros a pujar en subasta según el precio del spot diario, en lugar de
negociar precios fijos a largo plazo con sus proveedores habituales (como Gazprom
o Sonatrach).
Pero si se impone el “libre mercado” en
algunos ámbitos, en otros ni se contempla. Así, las empresas eléctricas están
obligadas a generar con lo que le indican, y no con lo que produce una
electricidad más económica. Esto, sumado a los intensos peajes económicas, los
derechos de emisión de CO2 y las amplias tarifas que imponen los gobiernos al
recibo (y que en el caso de España supera el 45% del precio total) imponen a
los ciudadanos más desfavorecidos las principales cargas de estos costes
políticos.
Estos problemas se han trasladado al punto de
vista geopolítico. Con ya más del 35% del gas consumido por Europa proveniente
desde Rusia, confiar nuestro abastecimiento a los altibajos diarios del mercado
ha permitido al Kremlin influir decisivamente sobre los precios del gas,
modulando el suministro a su antojo y atando en corto a Berlín, Bruselas y el
resto de capitales noreuropeas, cada vez más incapaces de contrarrestar
cualquier órdago lanzado por Moscú. Una tendencia que no hará más que
agudizarse gracias a gasoductos submarinos como el Nordstream y, más reciente,
el Nordstream II.
Tampoco, a pesar de lo vulnerable que está
volviéndose la Unión ante las inclemencias meteorológicas, se considera bajo
ningún concepto explotar los grandes depósitos de gas existentes en el norte de
Alemania y los Países Bajos, el centro de Francia o el norte de España. Es
cierto que extraer gas de esquisto tiene complicaciones medioambientales, pero
también en aquellos lugares donde no son tan escrupulosos y nos lo venden a
precio de oro.
Tampoco se tienen en cuenta otras soluciones
intermedias como el impuesto al carbono en las fronteras, que penalizaría a los
productos y energías manufacturados gracias a las centrales de carbón. Eso nos
impediría seguir vendiendo con facilidad el relato verde al mismo tiempo que
aumentamos la compra de electricidad generada con carbón a nuestros países
vecinos. Si tradicionalmente España había sido un exportador neto de
electricidad, desde 2016 esa tendencia se ha revertido, obligándonos a importar
cada vez más energía tanto de la nuclear Francia como de las centrales térmicas
de Marruecos. De hecho, desde que se cerraron las minas en España, nuestra
demanda de energía proveniente del carbón alauita ha aumentado un 656%.
Puede que nuestros políticos y ecologistas se
reconforten pensando que intentan salvar al planeta, pero ningún otro punto del
mundo está pidiendo tanto sacrificio a sus habitantes. Estamos viviendo una
crisis energética inducida y de difícil solución. Ya están cerradas muchas
centrales térmicas, y de las nucleares nadie quiere hablar. Obligados a pagar
una fortuna por el kilovatio en un momento fundamental: nunca hemos vivido tan
pegados a un enchufe. Y esta demanda aumentará con la electrificación del
parque móvil, todo a merced del deseo expreso de los mismos políticos que han
hecho lo inimaginable para que Europa sufra la energía eléctrica más cara del
mundo.
Demencial y absurdo. Agendas ideológicas
socialistas aterrizadas directamente sobre las carteras de los ciudadanos.
A.C.G.
