Plan Colombia
Tras 52 años de enfrentamiento armado entre el Gobierno
Colombiano y la guerrilla comunista de las FARC, parece que el 3er
intento de paz podrá ser el definitivo para acabar con un conflicto que ha
provocado 220.000 muertes, 27.000 secuestros, 6 millones de personas
desplazadas y 25.000 personas que, aún a día de hoy, siguen desaparecidos. Sin
embargo, el Acuerdo de Paz está polarizando a la sociedad colombiana. Para
entenderlo, hay que analizar una serie de factores.
La Guerrilla, que ha creado un narco estado independiente en
su zona de control del país, y que en sus mejores años ha mantenido a decenas
de miles de guerrilleros bajo su mando y llegado a facturar 600 millones al año
solo en narcóticos, ya no se encuentra en su mejor momento. Las principales
razones por las que se han avenido a negociar son:
I.
La debilidad creciente producida por la doctrina
de mano dura de los anteriores presidentes y el Plan Colombia (puesto en marcha
por Bill Clinton, y que proporciona ingentes recursos para la lucha contra el
narcotráfico) ha provocado la eliminación de algunos de los principales líderes
del grupo terrorista y ha diezmado a la guerrilla en 10 años. Esto se ha visto
incrementado por la cada vez mayor dificultad para esconderse en la selva
gracias a las nuevas tecnologías desarrolladas de drones y satélites.
II.
El ejemplo chavista venezolano, que ha
demostrado que es más factible y efectivo tomar el poder mediante estrategias
políticas. Además, las FARC cuentan con el suficiente dinero para lograrlo,
fruto de su actividad delictiva.
Por su parte, el papel desarrollado por el Gobierno encabezado
por el presidente Juan Manuel Santos ha sido muy controvertido. Su
incomprensión de los problemas que atravesaba la banda y su empeño por obtener
un gran éxito político hicieron que adoptara una serie de medidas
incomprensibles durante las negociaciones:
I.
Redujo la presión del ejército y la policía
sobre la banda terrorista, lo que se tradujo en un repunte del negocio de la
droga y el fortalecimiento de la banda terrorista. Además, aceptó negociar sin
que las FARC cesaran el fuego, lo que provocó la muerte de 1500 policías y
militares sólo durante el transcurso de las negociaciones.
II.
No fijó ningún plazo, por lo que algo que
debería haber durado meses, duro años. Fue una posición muy cómoda para los
jefes de la guerrilla, que estaban en la Habana reorganizándose mientras que el
Gobierno colombiano sufría una presión mayor que la guerrilla por parte del
Gobierno cubano, que nunca podría ser considerado como un árbitro neutral por
la cercanía ideológica entre el régimen castrista y las FARC.
Sin embargo, lo que ha dividido profundamente a la sociedad
colombiana no han sido tanto las formas por las que se ha desarrollado el
acuerdo como por el gran número de privilegios y prebendas que la banda
terrorista ha conseguido, lo que se ha considerado como una falta de respeto a
las víctimas. Cabe recordar que ninguno de los líderes ha pedido aún perdón por
los actos cometidos y en público aún hacen burla sobre eso. Los puntos más
relevantes del acuerdo son:
I.
El consenso de un programa político entre las
FARC y el Gobierno, muy escorado a la izquierda, en materia agrícola que
permitiría un control directo de la guerrilla sobre el territorio y la
imposibilidad de cambiar el acuerdo en el futuro.
II.
El acuerdo no exige arrepentimiento y contempla,
en la práctica, la impunidad de todos los crímenes cometidos, incluidos los
delitos de sangre y narcotráfico. Los que confiesen no tendrán penas de cárcel,
sino que se buscarán penas alternativas dictadas por un tribunal especial donde
la misma banda estará representada.
III.
Se contempla la transformación de la guerrilla
en un partido político que obtendrá reservados 5 asientos en el Senado (de 102)
y 5 asientos en el Congreso (de 166) que podrán ser elegidos a dedo. Además, se
crearán 16 nuevas circunscripciones totalmente controladas por la banda. Esto
podría resultar en un peligro a largo plazo para la democracia colombiana si la
guerrilla consigue explotar las concesiones políticas para socavarla desde el
interior.
IV.
Los líderes de las FARC no tendrán que pagar
indemnización a las víctimas y podrán conservar las fortunas obtenidas por la
extorsión y el narcotráfico. Tendrá que ser el mismo Estado el que saque dinero
de sus arcas para pagar a las víctimas. También será el Estado el que obtenga
el dinero para subvencionar la reconstrucción de todas las infraestructuras
dañadas durante el conflicto.
V.
Los más de 7.000 guerrilleros que aún hoy forman
la organización recibirán importantes subsidios del Gobierno para facilitar su
tránsito a la vida civil en vez de usar el dinero obtenido por las FARC, que se
cifra en miles de millones. Algunos cálculos sitúan en 90.000 dólares (unos 80.300
euros) el coste al Estado por cada guerrillero.
Todas estas polémicas medidas han ocasionado que gran parte
de los expresidentes del país, incluso los que en algún momento intentaron
llegar a acuerdos de paz con la banda terrorista, se hayan posicionado en
contra del acuerdo. En poco tiempo sabremos lo que decidirá el pueblo
colombiano, sujeto al dilema de alcanzar la paz de una vez por todas aunque eso
signifique que aquellos que tanto daño han hecho consigan salirse con la suya y
condicionen durante décadas la vida política y social de todo el país.
