Muertes, Denuncias y Mentiras
“Primero vinieron por
los socialistas, y yo no dije nada, porque yo no era socialista.
Luego vinieron por los
sindicalistas, y yo no dije nada, porque yo no era sindicalista.
Luego vinieron por los
judíos, y yo no dije nada porque yo no era judío.
Luego vinieron por mí y no quedó
nadie para hablar por mí.”
Martin Niemöller, pastor alemán.
Como hemos visto, desde la aprobación de la infausta Ley de Violencia de Género, se han sucedido un rosario de instrucciones, memorias, informes, decretos, leyes y reglamentos que han acabado por normalizar la vulneración de derechos humanos en España, haciendo especial hincapié contra uno de los mayores avances de nuestra civilización occidental: la presunción de inocencia.
Así, en los informes de los servicios sociales y centros de la mujer se establece, “a priori”, la culpabilidad del hombre y la victimización de la mujer. Solo con su palabra, y sin comprobaciones previas, se emiten partes médicos de lesiones que sirven como pruebas indiciarias de la existencia de violencia de género. Los centros de salud mantienen modelos estándar para la violencia doméstica, pero únicamente la que sufren las mujeres. Lo mismo en las denuncias y los protocolos policiales, donde se identifica directamente al hombre como “agresor” y a la mujer como “víctima”.
En las Instrucciones de la Valoración Policial de Riesgo del Ministerio
de Interior se
menciona la palabra “agresor” para referirse al hombre 199 veces y “víctima”
para referirse a las mujeres hasta 302. Ninguna al contrario.
En los cursos obligatorios de género de las
carreras judiciales se trasmite el discurso del “hombre como opresor de la
mujer”. Igualmente, se enseña a los abogados como debe declarar la mujer
cliente (nunca el hombre) para que sirva de prueba de cargo suficiente. Es
decir, se instruye con dinero público una nueva forma de “prueba
diabólica” en toda regla, invirtiendo la carga de la prueba.
Cuando un atestado policial se incoa en un
juzgado, el juez ya ha sido abducido por el lenguaje que impone la perspectiva
de género, generando de facto un “presunto culpable” que debe luchar por
probar su inocencia. Incluso desde instituciones como el Observatorio de
Violencia sobre la Mujer del CGPJ se justifica el asesinato de hombres a manos de sus parejas en
defensa propia en la página 94:
“Aparte de la diferencia cuantitativa entre violencia de género
y violencia doméstica íntima (la que sufren los hombres), existen también
circunstancias cualitativas que diferencian ambos tipos de violencia y que es
importante tener en cuenta. Una de estas circunstancias, que se dio en tres de
los nueve casos de 2019, es la existencia de malos tratos previos de la
víctima a su agresora, lo que da lugar a lo que se ha llamado violencia de
respuesta”
Título de cursos subvencionados por Podemos en
Galicia.
Una legítima defensa de respuesta que se le
niega a los hombres, pues, según la nueva doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia 677/2018, se
afirma que “toda agresión del hombre a su pareja es violencia (objetiva)
de género, aunque sea mutua” sin que “la intención de
dominación o machismo sea un requisito que tenga que probarse en el juicio”
ya que “los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer
constituyen actos de poder y superioridad frente a ella, con independencia de
cuál sea la motivación o la intencionalidad”. Lo que, de facto, supone
un agravamiento de las penas para el varón.
Pero, toda esta “perspectiva de género”,
todo este atropello judicial... ¿está justificado? De entrada, sería
difícil hacerlo, más aún cuando según todos los estudios internacionales (desde
la ONU a la UE), señalaban ya en 2006 a España como uno de los países más
seguros para las mujeres, al margen de las anomalías estadísticas de los
microestados.
Estos últimos ya han sido deliberadamente
ocultados a la opinión pública siguiendo el principio del establecimiento
de agenda, donde aquello que no aparece en los medios no existe. Tanto es así
que, a partir de ahora, cada vez es más difícil seguir su rastro dentro de los
registros oficiales. En 2007 el Observatorio contra la violencia doméstica y de
género decidió ocultar los datos de hombres asesinados, una decisión que
también han aplicado desde 2019 el Ministerio del Interior y el CGPJ, ya bajo
Gobierno de coalición. Todo para proteger los dogmas sagrados de la nueva
religión.
Otra de sus falsas doctrinas, la utilidad de
las leyes y las bondades de su Ley de Violencia de Género, se desmonta con un
simple vistazo al número de mujeres asesinadas durante estos últimos años. Si
bien la población ha aumentado un 13,97% desde 2004, los feminicidios se han
incrementado un 29,23%. En un intento de paliar este efecto se ideó una
intensa campaña pública, “mujer, denuncia”, repitiéndonos de forma
insistente el teléfono del 016. Todo mientras se dejaba de lado por parte del
feminismo institucional el incremento del 51,14% de la población inmigrante
desde 2004. Dato relevante cuando, según el CGPJ, más de 1/3 de los
asesinatos de mujeres son cometidos por inmigrantes.
Una línea de estudio que podría ser interesante, sobre todo tras el
fracaso del sistema “mujer, denuncia”. De 2005 a 2020, se presentaron
2.098.001 denuncias (una media de 4,2 por persona denunciada), dando lugar a 513.971
condenas por violencia de género (unas 122.375 personas) y 1.584.030
archivos o absoluciones (377.150 personas). Dejando al margen que el Estado
no destina un solo euro para las víctimas de denuncias instrumentales, es difícil conjugar estos datos frente al bulo de la no existencia de
denuncias falsas y la débil justificación de detenciones “preventivas” contra
3 de cada 4 acusados inocentes. También resulta llamativo como la mayoría de las
mujeres asesinadas siguen sin haber denunciado previamente.
¿Previenen las denuncias el asesinato de
mujeres? ¿Cómo funcia el sistema de denuncia previa? Con tantas denuncias para
tan pocos hombres condenados (1 por cada 18 denuncias) ¿a quién
beneficia este altísimo trasiego judicial?
Es cierto que no sabemos cuantos asesinatos se
han podido evitar, pero los datos reflejan claramente las fallas del relato
hegemónico. En concreto, uno ya desmentido por estudios internacionales y nacionales: maltrato
y asesinato son fenómenos distintos que obedecen a realidades diferentes.
Aunque a veces coinciden, y una espiral de malos tratos acaba en feminicidio,
otras tantas no. Y es casi imposible eliminar el asesinato que ocurre de manera
espontánea.
Lo peor de todo es que el feminismo hegemónico
y las instituciones conocen que el 45% de los asesinos no tenían ningún
antecedente violento. Y saben que su mensaje no solo provoca efectos perversos en la
lucha contra la violencia de género (como la pérdida de credibilidad de
víctimas reales y el reflejo de una imagen criminal del hombre), sino que generan
frustración en la sociedad ante la falta de avances palpables, creando el
malestar social propicio para ayudarles a ejecutar sus irracionales arbitrariedades.
Y es aquí donde entran la Ley Orgánica de Violencia de Género y el Real Decreto Ley 9/18. No
es casualidad que más del 90% de las denuncias provengan de iniciativas de
centros de la mujer, servicios sociales, ayuntamientos o asociaciones de
mujeres. Según la legislación, el 65,5% de todos los fondos recibidos por las
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos dependerán del “número de
denuncias interpuestas contra sus parejas o ex parejas por delitos relacionados
con violencia de género” y el “número de mujeres que se autodeclaran
maltratadas”.
Es decir, cuanto mayor sea el número de
mujeres maltratadas acreditadas, más dinero recibirán los ayuntamientos.
Cuantos más centros de atención y asociaciones, más fondos atraerán sus arcas.
En definitiva, a más denuncias, más pastel para unos ayuntamientos volcados
en una competición nacional en pos del suculento botín.
Frente a ello, está el nulo interés en
proporcionar recursos para la prevención, dándole poder a asistentes
sociales que, por ejemplo, en un momento dado, puedan controlar un problema
incipiente y prescribir tratamientos. Así, mientras en España todo se atribuye
al espectro del machismo, en el resto de Europa se lucha contra un fenómeno
heterogéneo y multicausal de diversos factores que, incluso, pueden ser
cumulativos.
Este reduccionismo institucional no solo no
ayuda a solucionar el problema, sino que contribuye a cronificarlo. Si toda
violencia se reduce a un problema de machismo estructural, si convertimos en
violencia hacia la mujer mil millones de conductos diferentes (violencia
machista, vicaria, digital, menstrual…) ¿quién invertirá capital en subsanar
los problemas reales? Mejor malgastar 1.118.000 euros en iniciativas tan
interesantes como “Mujeres, café y clima: empoderamiento femenino para la
resiliencia socioecológica de la cadena de valor del café frente al cambio
climático en Etiopia”. Ni un cómic de Ibáñez.
Al final, la etiqueta de “violencia de
género” o “violencia machista” han sido útiles para llevar una
macabra contabilidad, pero inútiles para atajarla. Menos aún todas sus medidas.
Y hemos de recordar un sólido principio: cuando asumimos y aceptamos que se
limiten los derechos de un conciudadano, estamos aceptando un peligro mucho
mayor… que algún día también limiten nuestros propios derechos, incluido el de
libertad.
A.C.G.
