Pensiones, Fraude Piramidal
“Tenemos que
desarrollar los fondos privados de pensiones. Yo recomiendo a las personas que
tengan entre 40 y 50 años que se hagan un fondo de pensiones. Al país le
conviene.”
José María Aznar,
Presidente del Gobierno.
400.000 millones de euros. El
equivalente al PIB de Dinamarca o Emiratos Árabes. Esta descomunal magnitud, de
difícil calibre, representa el dinero que España destinará entre 2023 y 2024 al
pago de las pensiones. Un 42% del total de los PGE… y en aumento, pues lejanos
quedan los 58.243 millones de principios de milenio.
Una inversión que aúpa la deuda
pública española hasta máximos históricos. Una tendencia que solo augura
futuros recortes conforme los gobiernos continúan eludiendo el debate, comprometiendo
el bienestar futuro de su población. Y la decisión de indexar las pensiones a
un IPC desbocado, en año electoral, es el peor exponente de esta desidia política.
En España rige el Sistema de Reparto.
Es decir, las cotizaciones detraídas hoy de los trabajadores sufragan la
jubilación de los actuales pensionistas, ligando su futuro al destino de la próxima generación.
Un método tradicionalmente
generoso, basado en el último salario percibido. De hecho, según el Banco de
España, los pensionistas reciben, de media, hasta un 74% más del valor
realmente cotizado. Un fenómeno que se agravará en el tiempo conforme el efecto
sustitución (las bajas son menos y de inferior cuantía que las altas) se profundice.
Y es que, aunque la pensión media
ronda los 1.371 euros, superiores al salario mínimo, las nuevas altas
sobrepasan ya los 1.764. Un 17% superior al salario mediano en España de 1.506
euros, un 84% del medio, de 2.097 euros. No hay que extrañarse, por tanto, que
la pensión mensual en España sea la 7ª más elevada de la OCDE, a solo 400 euros
de Noruega, en 1ª posición. Incluso a pesar de mantener un sueldo medio 3.000
euros inferior al noruego.
Un régimen voraz que obliga, como
vemos en la nueva iniciativa del Gobierno, a incrementar la presión fiscal de
los contribuyentes, coartando cualquier iniciativa de ahorro. Una quiebra de la
solidaridad intergeneracional mediante la cual los trabajadores de ayer reciben
más de lo cotizado y, los de hoy, abonan más de lo que recibirán mañana.
Un fraude que, como toda estafa
piramidal, fracasa cuando se frena la inercia de altas. Una senda que transitamos
con la jubilación de la generación del Baby Boom. Bajas que el paulatino freno
de la natalidad impedirá compensar. Y con la disminución de la población en
edad de trabajar, nos encaminamos a un escenario de un trabajador por pensión.
En otras palabras, que a cada
trabajador le corresponderá sufragar, por sí mismo, su propio sueldo y el de un
pensionista. Y sin contar, claro está, el resto del gasto público estatal en
educación, infraestructuras, sanidad y, por supuesto, la creciente masa
salarial funcionarial.
¿La solución? Se podría argüir
que el traslado a un sistema de capitalización, donde cada trabajador guarde
sus ahorros en una especie de hucha de inversión que pueda usar al retirarse. Sin
embargo, aunque este método nos protegería del envejecimiento demográfico,
España llega, una vez más, tarde, a la carrera del progreso frente a países más
previsores como Australia.
La súbita aplicación de un
sistema de capitalización implicaría suspender las pensiones actuales, obligar
a los jóvenes a cargar con ambas modalidades, gargantuescos volúmenes de deuda
pública o una mezcla de todas estas opciones. Opciones inasumibles, política y
socialmente.
¿Estamos entonces condenados a la
quiebra? Parece que los sucesivos Gobiernos esperan la obligación definitiva de
Bruselas, el camino griego de recortes masivos, para acometer el problema. Sin
embargo, existe otra alternativa a glosar próximamente: las Cuentas Nocionales
y el ejemplo sueco.
